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Angel
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Ley de extinción de dominio contempla 47 delitos

La ley de extinción de dominio, que busca el decomiso de bienes al crimen organizado, dio otro paso hacia su aprobación final al incorporar un paquete de 39 enmiendas que eliminarían artículos cuestionados, aunque según el Cedecon algunos aún riñen con la Constitución.



Las enmiendas fueron revisadas ayer por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, durante una sesión en que finalmente apoyó los cambios.

Entre las modificaciones se eliminó la retroactividad de 15 años incluida en otra reforma y se dejó sin temporalidad previa la entrada en vigencia.

Además se pretende dar poderes al Fiscal General y al auxiliar fiscal designado para que ordenen medidas cautelares en caso de emergencia, y después notifiquen a un juez.

A pesar de los cuestionamientos se dejó establecido que el vicepresidente presida el consejo encargado de administrar los bienes decomisados, debido a la falta de recursos para crear una entidad autónoma.

Con detalle

Las enmiendas también detallan los 47 delitos que pueden dar lugar al decomiso de un bien. De ellos, 21 aparecen en el Código Penal, como peculado, malversación y fraude.

Hay 13 que figuran en la Ley contra la Narcoactividad, como transacciones e inversiones ilícitas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Otros ocho están en la Ley contra la Delincuencia Organizada, como conspiración, asociación ilícita o comercialización de vehículos robados en el extranjero.

También hay delitos contenidos en las normativas contra la defraudación y contrabando, la de prevención del financiamiento del terrorismo, la de Migración y la que combate el lavado de dinero.

Revierte principio

Asimismo, los diputados pretenden revertir el artículo 4 al atender señalamientos de que violaba el principio de presunción de inocencia.

Ahora el Ministerio Público (MP) queda obligado a entregar pruebas de que el bien que será decomisado proviene de actos ilícitos, y no iniciar el proceso solo con una denuncia.

Alejandro Balsells, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), aseveró que al darle poder al MP para ordenar medidas cautelares se le dan funciones jurisdiccionales a un ente que no es parte del Organismo Judicial, por lo cual riñe con la Carta Magna.

Sin embargo, Balsells vio positivos los cambios a otro apartado del artículo 4, en donde se revierte la supuesta violación del principio de presunción de inocencia al obligar al MP a que exista información razonable de que el patrimonio proviene de bienes ilícitos, para iniciar la acción de extinguir el dominio.
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