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Eduardo
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Denuncian a presidente de la Corte Suprema

Un grupo de pobladores de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, presentaron este miércoles una querella en contra de Erick Álvarez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en contra de Jorge Asensio Aguirre por el delito de falsedad ideológica ya que actuaron en representación de dos empresas para inscribir un terreno municipal como propio.

La figura utilizada para este trámite fue la de un juicio voluntario de titulación supletoria, el cual es utilizado cuando una empresa que opera durante varios años en un bien inmueble, puede inscribirlo en el registro de la propiedad como propio, no obstante, las empresas Montana Exploradora de Guatemala, S.A. y Peridot, S.A., a nombre de las cuales actuaron los señalados, apenas empezaron a funcionar en el año de 1999.

El terreno donde opera la mina Marlin, administrada por Montana Exploradora, tiene un área de 25 kilómetros cuadrados, es propiedad municipal desde el siglo XIX, según indican los demandantes.

El pasado 21 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, ordenó al Estado guatemalteco suspender de forma "cautelar" las operaciones de la mina Marlín, debido a que la misma ha causado daños a los pobladores de las comunidades Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, así como a sus fuentes de agua y medio ambiente.

El 23 de junio pasado el Gobierno anunció que acatará la orden de la CIDH, por medio de un proceso administrativo, pero no precisó detalles sobre la suspensión de las operaciones de esta mina.

Según cifras oficiales, en promedio cada año la mina Marlín produce 250 mil onzas de oro y 3,5 millones de onzas de plata.

Entre los interponentes de la querella están doce vecinos de San Miguel Ixtahuacán, la Diócesis de San Marcos, la Fundación Rigoberta Menchú y la Asociación Desmi quienes piden que se integre una comisión pesquisidora que investigue a Álvarez y se determine si procede un desafuero en su contra.

La querella fue interpuesta en la Torre de Tribunales luego de una marcha que partió esta mañana desde la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico de la capital guatemalteca.

De ser admitida la demanda, la Fiscalía deberá solicitar al Parlamento retirar a Álvarez el derecho de inmunidad de que goza y suspenderlo del cargo, para que pueda hacer frente a las acusaciones.

Con información de ACAN-EFE

Mas info en: Presalibre.com
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